Es preocupante ver cómo la inversión de la justicia en Brasil se presenta como necesaria o inevitable, a pesar de apartarse de forma tan marcada de los requisitos básicos del debido proceso judicial y de la separación de poderes. Estas acciones se han materializado en la persecución judicial del expresidente Jair Bolsonaro, incluyendo investigaciones iniciadas desde la propia judicatura, autorizaciones de allanamientos, medidas preventivas y procesos penales que concentran en un solo poder funciones que, en un Estado de derecho, deberían estar claramente separadas.
Y conviene dejar algo claro desde el inicio: no importa lo que se piense de Bolsonaro. No importa si se lo considera víctima de una cacería política o un autoritario peligroso al que había que frenar “por cualquier medio necesario”. Ese debate, legítimo en el plano político, es secundario frente a una cuestión mucho más grave. Lo que se ha permitido al Poder Judicial hacer en Brasil supera con creces cualquier juicio sobre la figura de Bolsonaro. Los límites institucionales existen precisamente para los casos difíciles, no para los cómodos.
El argumento que justifica la excepcionalidad judicial
En el centro de la defensa predominante de estas acciones hay un movimiento sutil pero decisivo: al Congreso y a los fiscales se les presenta como si hubieran fallado en sus funciones simplemente porque se negaron a actuar sobre acusaciones que consideraron infundadas. Esa negativa no se entiende como un juicio probatorio, sino como una abdicación. Una vez aceptada esa premisa, el Poder Judicial pasa a ser retratado como la única institución dispuesta a “hacer lo que había que hacer”. El resultado es una narrativa que convierte la intervención judicial en un acto de valentía cívica, eludiendo la pregunta fundamental: si el Poder Judicial tenía la autoridad, la evidencia y la base procesal para asumir esas funciones.
Este encuadre borra la distinción entre desacuerdo y negligencia. En cualquier sistema regido por el derecho, los fiscales están obligados a actuar únicamente cuando la evidencia alcanza un umbral legal definido. El Congreso, del mismo modo, no está obligado a validar toda acusación que se le presente. Negarse a avanzar suele ser precisamente el mecanismo mediante el cual se ejerce la contención. Tratar la contención como un fracaso transforma el debido proceso judicial de salvaguarda en obstáculo.
Cuando el procedimiento deja de validar la verdad
Esta defensa profundiza aún más la inversión al aceptar las afirmaciones judiciales como si se validaran por sí mismas. Alegaciones que fueron rechazadas o que nunca fueron sometidas a un proceso adversarial se presentan como hechos establecidos simplemente porque un tribunal actuó sobre ellas. Pero los tribunales no producen verdad por afirmación; la validan mediante el procedimiento. Cuando una misma institución investiga, autoriza medidas coercitivas, juzga y castiga, la función epistemológica del debido proceso judicial se derrumba. Ninguna conclusión alcanzada por ese camino puede legitimar retroactivamente el método utilizado.
El monopolio de la fuerza y los límites del poder judicial
El gobierno es el monopolio de la fuerza. Esa fuerza es especialmente peligrosa precisamente porque es legal. Por eso los sistemas constitucionales liberales fragmentan el poder, imponen límites jurisdiccionales y exigen una validación procesal estricta antes de que la fuerza pueda emplearse. El debido proceso judicial existe para separar la verdad de la manipulación y la prueba del relato. Cuando la fuerza se justifica por una supuesta necesidad y no por evidencia demostrada, la legalidad cede ante la discrecionalidad. Esta misma lógica de expansión institucional bajo el argumento de la necesidad puede observarse también en el plano económico, donde el Estado brasileño busca extender su control sobre los pagos transfronterizos mediante USDT y otras criptomonedas.
Autodefensa democrática o gobierno por resultados
Estas acciones suelen justificarse como una forma de “autodefensa democrática”, un argumento que ha sido ampliamente difundido en medios internacionales, aunque rara vez examinado desde la óptica del debido proceso judicial. Lo que suele describirse como autodefensa democrática es, en realidad, la sustitución de los límites constitucionales por un razonamiento basado en el resultado. El argumento no es que la ley haya sido respetada, sino que el resultado fue deseable. Esa lógica es incompatible con el Estado de derecho. Si la necesidad basta para expandir el poder judicial, entonces no queda ningún principio limitante y ningún objetivo futuro puede reclamar la protección del proceso.
El precedente que deja el caso Bolsonaro
La situación de Brasil debería preocupar a cualquier observador no por quién está siendo contenido, sino por cómo se lo está haciendo en el contexto de la inversión de la justicia en Brasil. Un Poder Judicial que asume las funciones de investigador, fiscal y ejecutor no estabiliza la democracia: la desplaza. Cuando esta inversión se normaliza, se entrena a la sociedad para aceptar la suspensión de los estándares legales como si fuera una forma responsable de gobernar.
Un sistema comprometido con la libertad no puede permitirse esa lección.
